La noticia cayó el pasado Sábado como
un jarro de agua fría sobre los confiados corazones de los
ciudadanos de nuestras poblaciones, que ya las creían todas consigo
a causa de las ultimas y anteriores noticias que invitaban a la
esperanza y la desactivación.
Eso junto al desencanto que ya
arrastraban los seguidores de algunos de los colectivos a causa del
despiste político al que juegan algunos de sus miembros, habían
provocado un clima de relajación del cual, han tenido que despertar
para tropezarse de lleno con la noticia de la solicitud de las
licencias por parte de la UTE a los ayuntamientos, ¡uyuyui!,
pero...¿esto no estaba ya finiquitado?, parece ser que ni de lejos.
Inquietud sería la expresión más
acertada para describir los momentos de incertidumbre que viven los
albaterenses, cojenses y granjeros, no es de extrañar, y más cuando
nada termina de estar claro. “Licencias NO y compatibilidad NO”,
pero...¿hasta donde llegan las competencias y la razón jurídica
de los ayuntamientos en esta materia?, ¿se podría haber hecho más?.
Si bien el pasado mes de Julio se
aprobó desde el consistorio albaterense la modificación del
PGOU(plan general de ordenación urbana), declarando el termino
municipal de Albatera zona libre de instalaciones de vertido y
tratamiento de residuos solido urbanos, al igual que ya lo habían
hecho sus homólogos de Granja de Rocamora y Cox, más la suspensión
por un periodo de dos años de las licencias de actividad y de obras
para uso relacionado con este tipo de instalaciones, además de que
los terrenos en cuestión fueran calificados por parte de Albatera
como de “especial protección agrícola”, el asunto no termina de
estar claro, y es que como dice la UTE, esta modificación no ha sido aprobada
por la correspondiente consellería.
Además, lo más probable es que sean
nulas por ser contrarias a la normativa de ordenación territorial
anterior (Plan integral de residuos
de la comunidad valenciana y Plan zonal de residuos número XVII),
que eran las normas
que estaban vigentes cuando se le adjudico el contrato a la UTE.
Así que, el escenario más
probable sea el que la UTE tendrá que agotar la
vía administrativa y posteriormente presentará demanda ante los
juzgados de lo contencioso administrativo frente a las denegaciones
de los ayuntamientos, donde la UTE además de
ganar el contencioso y las costas judiciales, deberá ser indemnizada
por ello con dinero público de nuestros pueblos.
Eso
si, los primeros ediles
habrán logrado quedar ante
la opinión publica como unos lideres
que han presentado batalla y hecho todo lo posible por evitarlo,
además de ganar el tiempo
necesario hasta
que lleguen las próximas
elecciones, quien sabe para entonces donde
quedaran los movimientos ciudadanos antivertedero ya exhaustos y
finiquitados para entonces.
Y sí,
claro que podría haberse hecho más, si desde el primer momento la
clase política de esta comarca, y digo la clase política para
referirme a los diferentes colores políticos que
han ejercido el poder en ella desde el año 2000 que fue cuando
comenzó la elaboración del plan zonal, hubieran
tenido el claro objetivo de
ejercer una gestión de los
residuos responsable y lejos
de tramas político empresariales de lucro a corto plazo para unos
pocos, no estaríamos ahora como estamos, con un vertedero y todo lo
que ello significa apunto de entrar en nuestras vidas, ojalá me equivoque.
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